Afectados por crematorio Plenitud exigen disculpa pública a la gobernadora Maru Campos

Un grupo de ciudadanos afectados por las operaciones del crematorio Plenitud, ubicado en la capital de Chihuahua, formalizó ante las autoridades estatales una petición para que la gobernadora Maru Campos emita una disculpa pública por la gestión del caso. Los manifestantes sostienen que la falta de supervisión adecuada y los protocolos deficientes en el establecimiento derivaron en afectaciones irreparables para las familias que contrataron sus servicios funerarios.

La exigencia surge tras las denuncias presentadas en los últimos meses ante la Fiscalía General del Estado, donde se han documentado diversas anomalías en el manejo de restos humanos. Los representantes de los afectados señalan que la omisión administrativa por parte de las dependencias encargadas de la vigilancia sanitaria y ambiental permitió que el lugar operara sin cumplir con los estándares técnicos requeridos para este tipo de instalaciones.

Durante la jornada de este jueves, el colectivo de víctimas se manifestó frente a Palacio de Gobierno para solicitar un diálogo directo con la titular del Poder Ejecutivo estatal. Argumentan que, además de las investigaciones judiciales en curso, es necesario un reconocimiento de responsabilidad institucional que brinde certeza a las familias afectadas y garantice que los procesos de inspección en servicios funerarios se endurezcan significativamente en toda la entidad.

Por su parte, el equipo de comunicación del gobierno estatal informó que el caso se encuentra bajo revisión por parte de las autoridades competentes. Indicaron que se dará seguimiento a las denuncias presentadas, manteniendo la disposición de colaborar con las investigaciones para determinar las posibles responsabilidades de los funcionarios encargados de la supervisión durante el periodo en que se detectaron las presuntas irregularidades.

Los afectados han enfatizado que su petición no solo busca una reparación simbólica, sino también la implementación de reformas en la normativa local para prevenir que situaciones similares se repitan. Aseguran que continuarán con sus acciones de protesta pacífica hasta obtener una respuesta formal por parte del Ejecutivo estatal que atienda sus inquietudes sobre la transparencia y la justicia en el proceso.