Comisión Nacional Antimonopolio detecta falta de competencia en transporte ferroviario mexicano

La Comisión Nacional Antimonopolio determinó que no existen condiciones de competencia efectiva en el mercado de transporte ferroviario de carga en México. Tras un análisis exhaustivo, el organismo regulador señaló que la estructura actual del sector, dominada por Grupo México a través de Ferromex y Ferrosur, así como por la unidad mexicana de Canadian Pacific Kansas City (CPKC), Kansas City Southern de México, presenta barreras significativas que impiden el acceso equitativo a otros operadores. Esta resolución se basa en la evaluación de las concesiones otorgadas y las dinámicas operativas observadas en los corredores logísticos más importantes del país.

Según la Comisión, la concentración del mercado ha derivado en limitaciones para que empresas terceras utilicen las vías férreas existentes bajo condiciones comerciales competitivas. El regulador advirtió que la falta de una competencia abierta afecta directamente los costos logísticos y la eficiencia del transporte de mercancías a nivel nacional. La dependencia de estas pocas empresas para el traslado de materias primas y productos manufacturados se ha identificado como un obstáculo para el desarrollo de una infraestructura más dinámica y accesible para la industria mexicana.

Como respuesta a estos hallazgos, la Comisión Nacional Antimonopolio ha propuesto la implementación de medidas correctivas orientadas a garantizar el acceso a las vías férreas para otros concesionarios y operadores logísticos. Estas propuestas, que deberán ser analizadas por los actores involucrados y las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, buscan reducir la verticalidad en la prestación de servicios y fomentar una mayor apertura en el sistema ferroviario nacional, alineándose con las políticas de fomento a la competitividad en sectores estratégicos.

Por su parte, los representantes del sector ferroviario han señalado que evaluarán los términos de la resolución para determinar las acciones legales o administrativas correspondientes. Mientras tanto, analistas del sector coinciden en que cualquier ajuste en las condiciones de competencia requerirá de un diálogo estrecho entre las empresas concesionarias y los órganos reguladores del Estado, con el fin de no comprometer la continuidad del servicio de transporte de carga en un momento clave para la economía nacional y el intercambio comercial con el exterior.