Exjefe de la DEA pide intervención de Harfuch en Sinaloa

Derek Maltz, quien fuera director interino de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, se pronunció este sábado sobre la crisis de seguridad que atraviesa el estado de Sinaloa. El exfuncionario planteó la necesidad de una estrategia operativa coordinada bajo el mando del actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, enfocada en la detención de objetivos prioritarios vinculados a grupos del crimen organizado que operan en la región gobernada por Rubén Rocha Moya.

La postura de Maltz se enmarca en un contexto de creciente presión internacional respecto a las actividades delictivas en el noroeste de México. El exfuncionario estadounidense sugirió que la capacidad operativa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana debe orientarse hacia un despliegue táctico más agresivo, argumentando que la colaboración institucional es fundamental para desarticular las redes que, según sus señalamientos, mantienen una influencia significativa en el territorio sinaloense.

Aunque la propuesta de Maltz se centra en la figura del titular de la SSPC, hasta el momento no se han oficializado cambios en las estrategias de seguridad que actualmente implementan la Guardia Nacional y las fuerzas federales en conjunto con las autoridades estatales. La administración federal ha mantenido, en sus comunicaciones recientes, que la estrategia de seguridad nacional se basa en el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia y la atención a las causas estructurales de la violencia, manteniendo siempre el respeto a la soberanía nacional.

Por su parte, el gobierno de Sinaloa ha reiterado en diversas ocasiones su disposición para colaborar con la federación en la contención de los delitos de alto impacto. La relación entre la administración estatal y la SSPC se ha mantenido en el marco de los convenios de seguridad pública establecidos, los cuales buscan coordinar los esfuerzos de patrullaje y vigilancia en las zonas donde se han registrado mayores índices de inestabilidad.

La petición de la voz estadounidense ha generado diversas reacciones en el ámbito político mexicano sobre el alcance de la cooperación internacional en materia de seguridad. Mientras sectores de la oposición han respaldado la idea de una intervención más directa de las autoridades federales, otros actores políticos enfatizan que cualquier operativo de seguridad debe ser diseñado y ejecutado exclusivamente por las instituciones mexicanas, conforme a los protocolos establecidos en la ley.