FGR señala a Ángel Aguirre Rivero por destrucción de pruebas en Ayotzinapa
La Fiscalía General de la República formalizó cargos contra el exgobernador de Guerrero por la presunta eliminación deliberada de videograbaciones clave.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado ante las autoridades judiciales nuevos elementos que vinculan directamente a Ángel Aguirre Rivero con la destrucción sistemática de evidencia audiovisual relacionada con la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Según las investigaciones presentadas por la institución, el exgobernador de Guerrero habría ordenado la eliminación de videos captados por cámaras de vigilancia del C4 en Iguala durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, buscando ocultar la participación de autoridades locales en los hechos.
El expediente judicial detalla que esta obstrucción a la justicia no solo impidió el esclarecimiento inmediato del paradero de los jóvenes, sino que también alteró la cadena de custodia de pruebas críticas para la indagatoria nacional. La FGR argumenta que la supresión de estos archivos digitales constituye un delito grave, dado que las grabaciones habrían permitido identificar a los vehículos oficiales y a los funcionarios que custodiaron a las víctimas durante su traslado forzado por diversas zonas de la entidad.
La defensa del exfuncionario ha sido notificada sobre los cargos, mientras que organizaciones de derechos humanos y los familiares de las víctimas han solicitado que este proceso se lleve a cabo con total transparencia. Las autoridades federales han indicado que esta acción forma parte de la estrategia para desmantelar la red de complicidades que, durante años, impidió el acceso a la verdad sobre la tragedia ocurrida en el municipio de Iguala.
Por su parte, la Secretaría de Gobernación y otras instituciones federales han reiterado su disposición para colaborar con el Poder Judicial en el desahogo de estas nuevas pruebas. Se espera que en los próximos días se realicen las audiencias iniciales donde se determinará la situación jurídica del exmandatario estatal respecto a los cargos de desaparición forzada y encubrimiento que pesan sobre su gestión.


