Fiscalía de EU acusa a suministrador de Los Chapitos por tráfico
Iván Valerio, detenido en Sinaloa el pasado enero, enfrenta cargos en Estados Unidos por distribución de fentanilo y posesión de armas.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó formalmente cargos contra Iván Valerio, señalado como un proveedor clave de la facción conocida como Los Chapitos. Las autoridades estadounidenses acusan a Valerio de encabezar operaciones de tráfico de fentanilo hacia el mercado norteamericano y de coordinar el uso de armamento de alto calibre para proteger las rutas de trasiego en el noroeste de México.
La detención de Valerio ocurrió el pasado 19 de enero en el estado de Sinaloa durante un operativo conjunto realizado por fuerzas federales. En aquella acción, las autoridades lograron capturar también a varios de sus colaboradores cercanos, quienes presuntamente gestionaban la logística de los laboratorios clandestinos y la distribución de precursores químicos necesarios para la elaboración de drogas sintéticas.
De acuerdo con la acusación presentada ante la corte federal, el imputado desempeñaba un papel estratégico en la cadena de suministro que abastece a las estructuras criminales vinculadas con los hijos de Joaquín Guzmán Loera. La Fiscalía estadounidense sostiene que, además de la producción de sustancias ilícitas, Valerio era responsable de coordinar la seguridad armada de los cargamentos que cruzaban la frontera norte.
Este caso se suma a una serie de procesos legales iniciados por Washington contra integrantes de grupos delictivos en México. El gobierno de Estados Unidos busca la extradición del señalado para que enfrente un juicio por conspiración para la distribución de fentanilo, un delito que las autoridades estadounidenses consideran una prioridad máxima en su agenda de seguridad nacional.
Hasta el momento, la defensa legal de Valerio en México ha interpuesto diversos recursos para frenar los procesos de entrega a las autoridades extranjeras. Mientras tanto, el detenido permanece bajo custodia en un centro penitenciario federal, bajo vigilancia reforzada debido al perfil de alto riesgo que le atribuyen las agencias de seguridad de ambos países.


