Interpol retira fichas rojas a Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha retirado las fichas rojas que pesaban sobre la presentadora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga. Esta medida, que elimina la alerta internacional de búsqueda y localización para ambos ciudadanos mexicanos, fue comunicada recientemente tras una revisión en los sistemas de la organización a nivel global.

Ante esta determinación, el Gobierno de México, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), ha manifestado su intención de solicitar formalmente la restitución de dichas fichas. Autoridades federales señalaron que los expedientes judiciales que mantienen a la pareja bajo investigación por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita siguen vigentes en territorio nacional.

La defensa legal de los implicados ha mantenido diversas estrategias ante los tribunales mexicanos para impugnar las órdenes de aprehensión dictadas en su contra. Por su parte, la FGR sostiene que la cancelación de la alerta internacional no implica una exoneración de los cargos, sino un ajuste administrativo derivado de los procedimientos internos de la propia Interpol respecto a los casos en curso.

Se espera que en los próximos días la representación jurídica del Estado mexicano presente los argumentos necesarios para que la organización internacional reconsidere la situación de los buscados. La Secretaría de Relaciones Exteriores también participará en el proceso de coordinación diplomática para asegurar que las solicitudes de cooperación internacional no se vean afectadas por este cambio en el estatus de las fichas rojas.

El caso contra Gómez Mont y Álvarez Puga ha sido uno de los más mediáticos en los últimos años, vinculado a investigaciones sobre posibles desvíos de fondos públicos mediante empresas fachada. Mientras las autoridades mexicanas trabajan en la restitución de las alertas, los procesos penales continúan su curso bajo la jurisdicción de los jueces de control en México.