Investigan a juez de Tlalnepantla tras liberar a presuntos agresores sexuales

Un juez de control adscrito a los juzgados de Tlalnepantla, en el Estado de México, se encuentra bajo un proceso de revisión administrativa tras haber dictado la libertad de varios imputados por delitos de violación y tentativa de feminicidio. La resolución judicial ha generado una fuerte indignación entre las víctimas y colectivos feministas, quienes señalan que la decisión ignoró elementos probatorios fundamentales presentados por la fiscalía durante la audiencia inicial.

Las denunciantes han manifestado que el juzgador incurrió en violencia institucional al desestimar pruebas periciales clave y emplear estereotipos de género durante su exposición. Según los testimonios recabados por representantes legales de las víctimas, la argumentación del juez minimizó la gravedad de los hechos, otorgando mayor peso a inconsistencias menores en lugar de priorizar la integridad y seguridad de las mujeres afectadas. Esta situación ha reactivado el debate sobre la capacitación en perspectiva de género dentro del Poder Judicial del Estado de México.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha confirmado que el Ministerio Público analiza los recursos legales necesarios para impugnar esta determinación. La institución busca revertir la resolución mediante una apelación, argumentando que existen pruebas suficientes para mantener la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra los acusados, dada la peligrosidad de los delitos imputados y el riesgo inminente para la seguridad de las víctimas.

En respuesta a las protestas y a la presión social, el Poder Judicial local ha iniciado una revisión interna para evaluar el actuar del juzgador en este caso específico. Aunque la independencia judicial es un pilar fundamental del sistema de justicia, las autoridades han enfatizado que cualquier servidor público que no se apegue a los protocolos establecidos en materia de derechos humanos y perspectiva de género será sujeto a las sanciones administrativas correspondientes conforme a la ley vigente.

Mientras el proceso de apelación sigue su curso, las víctimas han solicitado medidas de protección urgentes ante las autoridades estatales. El caso permanece como un punto crítico de atención para las organizaciones civiles, las cuales exigen que el sistema de justicia garantice el debido proceso sin sacrificar la protección de las víctimas ni permitir la impunidad en delitos de alto impacto.