martes, 20 de octubre de 2026
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La SCJN definirá si la ASF puede ampararse contra resoluciones judiciales

El pleno de la Suprema Corte atraerá una contradicción de criterios para establecer si el órgano fiscalizador tiene facultades para recurrir decisiones judiciales mediante el juicio de amparo.

Redacción El Despertar de México
Foto: eleconomista.com.mx

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió atraer una contradicción de criterios fundamental para el sistema de fiscalización en México. El objetivo de esta determinación es establecer si la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cuenta con las facultades legales necesarias para interponer juicios de amparo contra las resoluciones emitidas por autoridades judiciales en el ejercicio de sus funciones. Este debate jurídico surge ante la necesidad de definir los alcances de la personalidad jurídica del órgano técnico de la Cámara de Diputados en procesos contenciosos.

La controversia legal se centra en determinar si la ASF, como ente encargado de la revisión de la cuenta pública, puede actuar como quejosa ante los tribunales federales cuando considera que un fallo judicial afecta sus facultades constitucionales de fiscalización. Hasta la fecha, han existido interpretaciones divergentes en tribunales colegiados sobre si la institución posee un interés legítimo para combatir resoluciones que, a su juicio, limitan su capacidad de sancionar o auditar el uso de recursos públicos.

El análisis de la SCJN busca armonizar los criterios para evitar incertidumbre jurídica en las auditorías en curso. La resolución final que emita el máximo tribunal tendrá implicaciones directas en la autonomía de la ASF, así como en la estructura del sistema de pesos y contrapesos entre el Poder Legislativo, encargado de la fiscalización, y el Poder Judicial de la Federación.

Se espera que durante las próximas sesiones, los ministros analicen si la naturaleza administrativa de la Auditoría Superior le impide acudir al amparo, o si, por el contrario, su función de salvaguarda del erario le confiere una protección especial en sede judicial. Este precedente marcará un hito en la forma en que los órganos autónomos y técnicos interactúan con las decisiones de los jueces en el marco del Estado de derecho vigente en el país.

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