Presidenta Sheinbaum anuncia decreto para limitar la reserva de información pública

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves 30 de julio de 2026 la emisión de un decreto con el objetivo de limitar el uso de la reserva de información en las dependencias federales. Esta medida busca poner freno a la práctica administrativa de clasificar datos públicos como confidenciales, un recurso que, según ha señalado el Ejecutivo, ha sido utilizado en ocasiones previas para impedir el escrutinio sobre presuntos actos de corrupción y crímenes cometidos desde el aparato estatal.

El anuncio responde a la necesidad de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la administración pública federal. El decreto pretende acotar los criterios de reserva, garantizando que el acceso a la información no sea obstruido bajo argumentos de seguridad nacional o reserva técnica cuando se trate de temas que involucren el ejercicio indebido de funciones públicas o violaciones a los derechos humanos.

Desde el Palacio Nacional, se enfatizó que la transparencia es un eje central para la consolidación de la confianza ciudadana en las instituciones. Con este decreto, el gobierno federal busca alinear sus políticas de acceso a la información con estándares que permitan a la ciudadanía y a los organismos de fiscalización conocer el destino de los recursos y las decisiones de los funcionarios públicos sin trabas injustificadas.

El equipo de trabajo de la presidencia adelantó que, tras la firma del decreto, se iniciará un proceso de revisión en cada Secretaría de Estado para homologar los criterios de apertura de archivos. Se espera que este ejercicio facilite la labor de transparencia y reduzca la discrecionalidad con la que históricamente se han manejado algunos expedientes de alto impacto social.

Esta iniciativa se suma a las reformas impulsadas para fortalecer la fiscalización del gasto y la ética en el servicio público. La administración federal sostiene que la apertura informativa es una herramienta fundamental para combatir la impunidad y asegurar que el ejercicio gubernamental se mantenga bajo el escrutinio de la sociedad civil y los órganos de control constitucional.