Robo al transporte de carga genera pérdidas millonarias en México durante 2026
El sector de carga enfrenta pérdidas por 7 mil millones de pesos, aunque el sector privado reporta una reducción de incidentes respecto al año previo.

El robo al transporte de carga en México se mantiene como un desafío crítico para la economía nacional, con pérdidas estimadas en 7 mil millones de pesos en lo que va del año. La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital (AMESIS) ha señalado que, a pesar del impacto financiero, el sector registró una disminución del 22% en el número de incidentes durante 2025, tendencia que busca consolidarse en 2026 mediante la colaboración con las autoridades federales.
Las pérdidas económicas no solo afectan a las empresas transportistas, sino que repercuten en la cadena de suministro y en el costo final de los productos para los consumidores. Las rutas en el centro y occidente del país continúan siendo los puntos donde se concentra la mayor incidencia de delitos, obligando a las empresas a incrementar sus inversiones en tecnología de geolocalización y protocolos de escolta privada para proteger la mercancía.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha intensificado las mesas de trabajo con representantes del gremio transportista para fortalecer la vigilancia en las carreteras federales. El despliegue de la Guardia Nacional se ha enfocado en puntos estratégicos identificados como de alto riesgo, con el objetivo de reducir el tiempo de respuesta ante alertas emitidas por los sistemas de rastreo satelital.
Aunque la disminución reportada por la industria privada es vista como una señal positiva, los empresarios subrayan la necesidad de mejorar la coordinación con las fiscalías estatales. La impunidad en la recuperación de unidades y la falta de detenciones efectivas siguen siendo las principales demandas del sector ante el Congreso de la Unión y las autoridades de justicia.
Las autoridades federales han propuesto fortalecer la inteligencia operativa para desarticular bandas especializadas en el robo de carga. Esta estrategia contempla una mayor integración de los datos de seguridad privada con los centros de comando y control del gobierno federal, buscando blindar las rutas logísticas más importantes del país frente a la delincuencia organizada.


