Sheinbaum firma reforma constitucional sobre nacionalidad para cargos públicos

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó este miércoles 7 de octubre el decreto de reforma constitucional que establece como requisito indispensable poseer la nacionalidad mexicana de manera exclusiva para quienes aspiren a la titularidad del Poder Ejecutivo federal y a las gubernaturas de las entidades federativas. Este cambio normativo, que será publicado de manera inmediata en el Diario Oficial de la Federación, busca alinear los estándares de acceso a los cargos de elección popular con una perspectiva de soberanía nacional estricta.

La reforma, aprobada previamente por el Congreso de la Unión tras un proceso de deliberación legislativa, entrará en vigor de forma gradual, siendo aplicable para los procesos electorales que se celebren a partir del año 2028. Con esta medida, se elimina la posibilidad de que ciudadanos con doble nacionalidad puedan ocupar los cargos de mayor responsabilidad política en el país, consolidando un criterio que el equipo de la administración federal ha defendido como una medida de fortalecimiento institucional.

De acuerdo con la información emitida por el Ejecutivo federal, este ajuste responde a la necesidad de garantizar que los titulares de las jefaturas de estado y de gobierno mantengan un vínculo jurídico y político sin otras lealtades externas. El documento firmado por la presidenta estipula que, para cumplir con el perfil de elegibilidad, los candidatos deberán renunciar formalmente a cualquier otra nacionalidad antes de iniciar su registro ante las autoridades del Instituto Nacional Electoral o los organismos públicos locales correspondientes.

La entrada en vigor de esta disposición marca un precedente importante en la legislación electoral mexicana, al estandarizar los requisitos de lealtad nacional para los niveles de gobierno más altos. La Secretaría de Gobernación será la encargada de supervisar los mecanismos de aplicación para que, llegado el año 2028, los partidos políticos y candidatos independientes ajusten sus procesos de selección interna a este nuevo marco legal constitucional.