sábado, 5 de septiembre de 2026
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Sheinbaum propone prohibir doble nacionalidad para titulares del Ejecutivo federal y estatal

La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa que exige la nacionalidad mexicana por nacimiento y sin otra ciudadanía para ocupar la Presidencia y gubernaturas.

Redacción El Despertar de México
Foto: jornada.com.mx

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó formalmente ante el Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional que busca establecer como requisito indispensable contar exclusivamente con la nacionalidad mexicana para quienes aspiren a ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo federal y las gubernaturas de los estados. Esta propuesta legislativa tiene como objetivo central salvaguardar la soberanía nacional y evitar cualquier posible conflicto de intereses o injerencia extranjera en la toma de decisiones estratégicas del país.

De acuerdo con el documento enviado a las cámaras, la medida pretende estandarizar los requisitos de lealtad nacional para los cargos de mayor responsabilidad en la administración pública. Según el planteamiento del Ejecutivo, quienes ostenten la representación de los ciudadanos deben contar con un compromiso absoluto con los intereses de la nación, garantizando que sus decisiones no estén sujetas a lealtades compartidas o jurisdicciones de otros países.

La propuesta también contempla la aplicación de este criterio para la titularidad de diversas secretarías de Estado y puestos clave dentro de la administración pública centralizada. El equipo de la Presidencia ha señalado que este ajuste normativo busca fortalecer la integridad de las instituciones mexicanas frente a los retos de la geopolítica actual, donde la seguridad nacional y la soberanía requieren de un control estricto sobre los perfiles que acceden a la toma de decisiones.

En los próximos días, la iniciativa será discutida en las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados y el Senado de la República. El debate parlamentario se centrará en la viabilidad de estas restricciones y su impacto en la normativa electoral vigente, mientras se espera que diversos actores políticos analicen las implicaciones jurídicas de este ajuste en los requisitos de elegibilidad para los próximos procesos democráticos en las entidades federativas y el nivel federal.

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