Venta ilegal de tabaco impacta finanzas públicas con 35 mil millones de pesos
El contrabando y la manufactura ilícita de cigarrillos generan una competencia asimétrica que afecta la recaudación fiscal a pesar de los ajustes al IEPS.
La venta de cigarrillos ilegales en México ha alcanzado niveles que, de acuerdo con estimaciones especializadas, representan una pérdida cercana a los 35 mil millones de pesos anuales para el erario público. A pesar de los incrementos aplicados al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) destinados a desincentivar el consumo y aumentar la recaudación, el mercado informal ha logrado consolidar una infraestructura que evade el control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Investigadores de El Colegio de México han señalado que el crimen organizado ha implementado una estrategia mixta para mantenerse en el mercado. Esta táctica combina la importación de contrabando proveniente de diversas rutas internacionales con la fabricación clandestina dentro de territorio nacional, lo que permite ofrecer productos a precios significativamente menores a los establecidos legalmente bajo la normativa sanitaria vigente.
Esta dinámica ha generado una competencia asimétrica que afecta directamente a los productores y distribuidores formales que cumplen con sus obligaciones fiscales y regulaciones de la Secretaría de Salud. Al no pagar impuestos ni someterse a las normas de empaquetado y control de calidad, los productos apócrifos logran penetrar en diversos puntos de venta, desde mercados locales hasta plataformas digitales, dificultando las labores de fiscalización del SAT.
El impacto de este fenómeno no se limita únicamente a la esfera económica, sino que también representa un desafío constante para las autoridades de seguridad. La falta de control sobre la cadena de suministro de estos productos dificulta la trazabilidad y permite que recursos financieros fluyan hacia estructuras delictivas, complicando los esfuerzos de las dependencias encargadas de la seguridad pública en el país.
Ante este panorama, diversos sectores han propuesto fortalecer la coordinación entre la FGR, el SAT y las dependencias de seguridad para desarticular las redes de distribución. La complejidad del problema exige una estrategia integral que considere tanto la vigilancia en fronteras y aduanas como la supervisión efectiva en los puntos de venta minorista a nivel municipal y estatal.
