Congreso mantiene rezago legislativo en materia de atención a desastres naturales
El Poder Legislativo acumula cerca de 200 iniciativas sobre gestión de riesgos y desastres, de las cuales la mayoría han sido desechadas y 50 permanecen pendientes.
El Congreso de la Unión enfrenta un importante rezago en la discusión de reformas enfocadas en la gestión y atención de desastres naturales en México. A la fecha, se han contabilizado cerca de 200 iniciativas presentadas por diversos grupos parlamentarios en ambas cámaras; sin embargo, la dinámica legislativa ha provocado que la gran mayoría de estas propuestas sean desechadas tras su análisis en comisiones.
De acuerdo con el estado actual del proceso parlamentario, apenas unas 50 iniciativas se mantienen en la congeladora legislativa, esperando ser dictaminadas o integradas en una agenda prioritaria. Estos proyectos buscan modificar los mecanismos de respuesta ante fenómenos hidrometeorológicos y sísmicos, áreas que han cobrado relevancia ante la creciente frecuencia de eventos climáticos extremos en diversas entidades del país.
La falta de consensos entre las fuerzas políticas ha impedido que estas propuestas avancen hacia el pleno de la Cámara de Diputados o del Senado de la República. Mientras tanto, los legisladores continúan debatiendo el enfoque que debe tener la coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y los gobiernos estatales para la atención inmediata de la población afectada.
Especialistas y organizaciones civiles han señalado que la inacción en el ámbito legislativo complica la actualización de protocolos de emergencia necesarios para enfrentar las temporadas de huracanes y riesgos sísmicos. La parálisis parlamentaria mantiene en pausa cambios estructurales en la asignación de recursos y en las facultades de las instituciones encargadas de la protección civil.
Por el momento, no existe una fecha definida para que las comisiones correspondientes retomen la discusión de las iniciativas pendientes. Los grupos parlamentarios han manifestado posturas divergentes sobre cómo financiar la recuperación tras los desastres, un punto que sigue siendo el principal obstáculo para alcanzar acuerdos legislativos de fondo antes de que concluya el actual periodo ordinario.
